Desde hace unos meses hemos notado el plástico que une el tapón a las botellas que ha traído como consecuencia más de un divertido meme. También hemos visto como se han equiparado los cargadores de los dispositivos y como la obsolescencia programada tiene los días contados. Todas estas medidas se han tomado en la legislatura del parlamento europeo que terminó hace unos días; quizás sean las más visibles para el ciudadano. Sin embargo, hay más medidas que cambiarán la forma de vida de los ciudadanos europeos, pero que son menos notorias: el Pacto Verde, que establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, los fondos de recuperación, la controvertida política agraria común o la primera norma del mundo que regula la inteligencia artificial.
Entre el 6 y el 9 de junio millones de europeos eligieron a los que serán sus nuevos representantes en el Parlamento Europeo. Una nueva legislatura que coge el testigo de los trabajos que han realizado los eurodiputados de la legislatura que acaba y que han condicionado el día a día de millones de europeos.
Entre las medidas y en relación con el mundo laboral, desde la pasada legislatura las empresas de la Unión Europea están ahora obligadas a divulgar información que facilite a los empleados la comparación de salarios y ponga al descubierto las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres y tratar de reducir así la brecha salarial. Si la información sobre salarios muestra una diferencia de género de al menos un 5 %, los empleadores tendrán que efectuar un análisis conjunto de los salarios en cooperación con los representantes de los trabajadores.
En España, al igual que en el resto de la Unión Europea, existe una clara desigualdad entre la remuneración que perciben en promedio mujeres y hombres por su trabajo asalariado. La diferencia entre la ganancia salarial media de hombres y mujeres en España es de 4.999 euros anuales a favor de ellos (Fuente: Gestha, técnicos de Hacienda en su VIII Informe “Brecha salarial, suelo pegajoso y techo de cristal” de marzo de 2024). Teniendo en cuenta que ese dato en 2019 era de 5.252 euros, éste es positivo por su tendencia a estrechar la brecha, pero no es tanto la lentitud en la que sucede (Fuente: Encuesta anual de estructura salarial; INE). En el citado informe de este año aparecen datos muy esperanzadores para acercarnos a la igualdad salarial a largo plazo, por ejemplo, la cada vez más baja diferencia en la brecha salarial entre las edades comprendidas entre los 18 y 25 años de 1.552 euros anuales.
Otros datos positivos del informe son los referentes a Canarias. Es la comunidad autónoma donde la brecha salarial es más baja: 2.094 euros anuales de diferencia entre el salario de los hombres con respecto al de las mujeres. Además, tiene el mejor dato en todos los intervalos de edad de todas las regiones salvo en los trabajadores menores de 18 años y en los mayores de 65 años. La mínima diferencia salarial en Canarias está entre las edades comprendidas entre 26 y 35 con una brecha de 434 euros anuales (un 2,7%). Por provincias, los datos de Santa Cruz de Tenerife son algo mejores que los de Las Palmas (Fuente: Gestha, técnicos de Hacienda en su VIII Informe “Brecha salarial, suelo pegajoso y techo de cristal” de marzo de 2024).
A la luz de estos datos podríamos decir que, en cuestión de salario, es la comunidad más igualitaria entre hombres y mujeres, lo que conlleva un mayor bienestar económico por el aumento del poder adquisitivo, estimulando el crecimiento económico, y una mayor motivación, productividad y satisfacción laboral entre las trabajadoras canarias.
Si bien ha habido avances en la reducción de la disparidad salarial, todavía queda mucho por hacer para lograr una verdadera igualdad en el mercado laboral. La ley de transparencia salarial del parlamento europeo es un paso más. Representa un avance significativo hacia la equidad en el lugar de trabajo. Aunque presenta desafíos, sus beneficios potenciales en promoción de la igualdad son fundamentales para crear un entorno laboral más justo. La implementación efectiva de esta ley requiere la colaboración de entidades pública, empresas y empleados para que se cumpla su objetivo principal: eliminar la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras por empleos de igual valor.
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